La denuncia contra los generales PNP Luis Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano fue devuelta por el magistrado del Primer Juzgado Penal de Utcubamba, Francisco Miranda Caramutti, quien tomó dicha decisión argumentando falta de elementos de forma y fondo para iniciar un proceso.
Como se recuerda, la titular de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, Olga Bobadilla, denunció a los generales Muguruza y Altamirano por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud por el rol que cumplieron en el enfrentamiento contra nativos en la Curva del Diablo conocido como Baguazo.
A partir de la decisión del juez Miranda Caramutti es posible que el expediente sea derivado al fuero militar, informó Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Según Quispe, de suceder esto se cometería un acto “deleznable” dado que no se tratan de de “delitos de función, sino de delitos comunes tipificados en el Código Penal como lesiones leves, graves y homicidios calificados”.
Como se recuerda, fue también Quispe quien señaló que se debió solicitar al Ministerio del Interior la relación de oficiales y agentes que llevaron a cabo en el enfrentamiento y las armas usadas, con el fin de determinar quienes efectuaron los disparos.
A diferencia de la denuncia de la fiscal Olga Bobadilla, ahora rechazada por el Poder Judicial, la ex fiscal de Utcubamba, Marlene Rojas Mendez, pidió individualizar los delitos cometidos por los presuntos responsables, citando al capitán PNP Yuli Coloma Pinillos, encargado de la comisaria de Bagua Grande, como autor mediato y bajo el delito contra la vida el cuerpo y la salud en su figura de homicidio calificado en agravio de los fallecidos y de lesiones graves y lesiones leves contra 14 civiles.
El hecho de que la jurisdiccional militar llegue a asumir la investigación y sanción a los policías que hubieran cometido delitos el 5 de junio del año pasado preocupa a los derechos humanos.
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